1936. Fraude y Violencia en las elecciones del Frente Popular, de Tardío y Villa. Una monografía ilustrativa.

 

Imprescindible monografía de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa, editada en 2017, que profundiza sobre datos y aspectos ya indicados por otros autores, hasta elevarlos probablemente a definitivos, superando décadas de ocultamiento y disimulo, y viniendo a remover el mito del triunfo izquierdista en las elecciones del Frente Popular.

De inicio, fijan Tardío y Villa las circunstancias emanantes del mal llamado Bienio Negro y la no menos mal llamada Revolución del 34; la caída de Lerroux, las oscuras y recurrentes maniobras (borbonear, lo llamaron otros autores; muy en la línea con la Restauración) de Alcalá-Zamora para impedir un gabinete de Gil Robles y su CEDA (a la sazón el partido más votado), precipitando finalmente la convocatoria de elecciones e impidiendo así un Pleno (el Congreso había sido cerrado) que discutiera los decretos dudosos de un gobierno minoritario.

Los autores remarcan un aspecto menos conocido por la ciudadanía, como que el sistema de circunscripciones de la época, con cupos mínimos y segunda vuelta, avocaban a la laminación de las minorías, arrojando mayorías aplastantes con pocos votos de diferencia, o incluso (con el triunfo en circunscripciones grandes) con menos votos que la minoría. Creado para garantizar mayorías republicano-socialistas, se les volvió en contra en las elecciones de 1933. En el 35 los conservadores quisieron modificar la ley, atenuando así tales diferencias, pero la izquierda se negó.

Desgranan a continuación los intersticios políticos, los pactos para la creación del Frente Popular, las luchas internas por las listas, la amnistía para los revolucionarios de Octubre del 34, incluyendo compensaciones, la no renuncia a la vía revolucionaria, la voluntad de controlar la economía y los medios de producción, el no menos deseable dominio sobre la Administración y los medios de prensa, el camino innegociable hacia la dictadura del proletariado… Tiras y aflojas en nada distintos a las equivalentes luchas intestinas en el ámbito de la derecha, donde Gil Robles termina por moderar su rigidez al pacto con los Republicanos. Destacan los autores la reducida importancia de los monárquicos de Calvo Sotelo para tales ajustes.

Ponen la lupa en los manejos de Alcalá-Zamora, Portela mediante, para lograr una alianza de centro, ya con las elecciones encima; utilizando para ello todos los resortes del poder. Era un bienintencionado propósito de “centrar” la República, pero demasiado volcado a la izquierda en su inicio, y ya tardío cuando, a la vista del fracaso, se abrió parcialmente a las derechas. Tales mangoneos centristas del gobierno Portela, presionando y sondeando a alcaldes, gobernadores, delegados del Gobierno y altos cargos de la Administración, tratando de colocar listas, modificar gestoras, allanar unas sendas y retorcer otras; incluyendo las modificaciones de censo, la prohibición de actos, las detenciones arbitrarias, el cierre de medios (siempre enfocados sobre las derechas), supusieron junto a los manejos presidenciales, un desencadenante fatal de los hechos posteriores.

Las previsiones en los resultados eran de una marcada igualdad en ambos bandos, acaso con la posibilidad de alguna sorpresa centrista. Y parecía preocupar más el 16 de marzo (día de la apertura del Congreso), que la jornada electoral del 16 de febrero.

Siguiendo con este soberbio trabajo de documentación desarrollado por Tardío y Villa, el cotejo de los datos de la violencia callejera entre el 1 de enero y ese 16 de febrero, nos habla de más de cuatrocientos episodios, con cuarenta y un muertos (a los que se podrían añadir otros nueve dudosos) y en torno a ochenta heridos; todo ello en tan solo mes y medio. Violencia ejercida por izquierdas y derechas, esencialmente comunistas y socialistas de un lado, y falangistas del otro; y con una intensidad algo mayor por parte de los primeros, sin que por ello los segundos fueran muy a la zaga en el noble arte de laminar al prójimo. No tan repartida estuvo la iniciativa, pues de cada tres actos violentos, las izquierdas iniciaron dos; y en cuanto a los actos políticos reventados, el ochenta por ciento lo fueron de la derecha a manos de izquierdistas: Cuarenta y cinco de cincuenta y tres.

El día de las elecciones hubo altercados graves en provincias, pero una relativa paz en Madrid, donde el orden público apenas se vio alterado. A última hora de la tarde la izquierda tomó la calle sin esperar ni el recuento, ni la segunda vuelta donde la hubiere. Era una evidente maniobra de presión, que desencadenó a lo largo del día 17, altercados y cargas policiales en toda España, con profusión de muertos y heridos. En Cataluña, sin más, las izquierdas procedieron a tomar el poder. Ese mismo día se produjeron motines en las cárceles, con tumultuosa liberación de presos. Los incendios en templos y edificios religiosos comenzaron a extenderse por toda la geografía nacional.

No se hizo esperar la exigencia de Largo Caballero (y pronto del propio Azaña), de la inmediata entrega del poder, sin esperar a terminar el recuento y siempre amparados por la presión en las calles que ellos mismos habían alentado.

El día 19 continuaron las tomas arbitrarias de ayuntamientos, a manos de exalcaldes y concejales anteriores al golpe revolucionario del 34, incluyendo Madrid. Ganado por el terror, dimite Portela con la oposición de Alcalá-Zamora, que a pesar de la dimisión en pleno del Ejecutivo, todavía acariciaba la idea de un gobierno-puente al menos hasta que se terminara el escrutinio y los dos bloques antagónicos calcularan sus fuerzas respectivas, entrando en negociaciones para formar uno nuevo. Pero con la calle tomada por la izquierda y una derecha con alianzas más coyunturales que efectivas, el presidente cedió y entregó el poder a Azaña. Y hay que decir que la CEDA también se plegó; tal era el clima social.

La toma de ayuntamientos tuvo connotaciones trágicas en diversos lugares, especialmente en Zaragoza, donde se produjeron dieciséis muertos y treinta y nueve heridos graves, cincuenta iglesias quemadas y setenta centros derechistas arrasados. Tales episodios se extendieron al resto de España, para que el mismo Azaña comentase a Giménez Fernández: “es el resultado fatal de una represión de casi dos años”. Sin comentarios.

No hubo héroes en el otro bando. La CEDA volvió a contemporizar y apoyó la amnistía, que se hizo extensiva a los presos comunes, aunque en numerosas prisiones estos ya se habían largado ante una pasividad policial vergonzosa. Era un intento de atenuar las protestas y la tensión, pero en vano, pues estas crecían en intensidad, llegando a reclamar el procesamiento de “los verdugos del proletariado español” (en referencia a los hechos del 34), mientras el “moderado” Prieto calificaba tal revolución como “el esfuerzo más vigoroso de la clase obrera española”, siendo sus protagonistas “ciudadanos de honor por haberse excedido”. Para empeorar más las cosas, se reclama la readmisión de los despedidos en las huelgas de octubre, y de los funcionarios sancionados por los mismos hechos, incluyendo en todos los casos el pago de los haberes no desde octubre, sino desde enero.

Para el 21 de febrero, Martínez Barrio confesaba en privado a Azaña que la situación era “mucho más revolucionaria, verdaderamente grave, que la del cambio de régimen de 1931”. Entre ese día 21 y el primero de marzo, se produjeron veintitrés muertos y cincuenta y un heridos graves, con una media desde las elecciones del día 16, de unas doce víctimas diarias entre muertos y heridos graves; recrudeciéndose los ataques a las sedes derechistas y las iglesias, círculos patronales y personalidades conservadoras, así como las peleas y tiroteos entre extremistas de uno u otro lado. Frente a esto, la reacción gubernativa fue siempre el cierre de sedes derechistas y el encarcelamiento de sus dirigentes.

Vuelven las ocupaciones arbitrarias de fincas, y para la segunda vuelta del primero de marzo, en plena jornada electoral, el ministro de agricultura confirmó que de inmediato se aprobaría un decreto para que los yunteros se apropiaran de tierras extremeñas.

Centrándose ya en las votaciones y sus resultados, Tardío y Villa (y de nuevo la retahíla de datos resulta apabullante, poniendo de relieve el calado de esta homérica monografía) van exponiendo uno tras otro los hechos contrastados, los dudosos, y aquellos sobre los que hacen una estimación o valoración necesariamente abierta. Vamos con unas perlas: Obstrucción grave de la votación en distritos tradicionalmente conservadores de Barcelona, Bilbao, Cádiz, Gijón, Sevilla, Valencia, Zaragoza. Desmanes en mesas (con interventores siempre contra la derecha) en Granada, Coruña y Las Palmas. Con todo, estiman los autores que la votación fue en líneas generales, de una limpieza aceptable en esa primera vuelta.

Otra cosa muy distinta fue el escrutinio. En un contexto de escaños ajustado y con un sistema que primaba tanto a las listas más votadas, las decisiones de las Juntas Electorales podían afectar y modificar entre el 33 y el 60% de los escaños.

Los primeros datos en la noche del 16, confirmaban la mayoría de centro y derecha. En Cataluña barrían las izquierdas, especialmente en Barcelona. Ya de madrugada, el presidente advirtió de la lentitud del recuento y de que no habría noticias nuevas hasta la mañana del 17, pero ya las calles estaban tomadas, empujadas por los primeros datos de Barcelona y el cinturón obrero de Madrid. Nada era todavía indicativo del reparto de escaños, para lo que resultaba imperativo acabar un recuento que precisaría varios días. La ley electoral solo validaba los escaños si uno de los candidatos superaba el 40% de los votos de una circunscripción; y ello sin hablar de la repetición de las elecciones en aquellos lugares en que se hiciera necesario. Y aun con eso, faltarían las decisiones finales de las Juntas, a partir del día 20.

Los autores juzgan del todo imposible que Portela conociera los resultados a las diez de la noche del 16, como dijo en sus memorias. Desde luego, no fue eso lo que en aquellos momentos transmitió a Alcalá-Zamora, ni tampoco los primeros resultados participados por los gobernadores decían nada distinto de la victoria del centro derecha, tal y como se adelantó a la prensa en esas horas. Sí era cierto que sus previsiones de un centro vencedor y un Frente Popular que no llegaría a los 120 escaños, empezaban a resquebrajarse. De madrugada ya se perfilaban en torno a 160 y por la mañana del 17 se rozaban los 190 escaños; yendo el centro siempre detrás de los dos bloques principales.

Esa misma mañana, el embajador de Portugal transmitió a Lisboa una estimación de 170 escaños para las izquierdas y 220 para el centro derecha. Y el propio Portela le comunicaba datos similares a su candidato granadino. Martínez Barrio afirmó en sus memorias que a esas horas se conocía el triunfo del Frente Popular, pero su particular suma no excedía los 161 escaños. Del mismo modo, los datos en poder de Izquierda Republicana al amanecer del día 17, hablaban de 178 escaños; muy lejos de los 237 necesarios.

A lo largo del día 17, los escrutinios solo eran terminantes en que el Frente Popular empezaba a ir por delante, y en que los conservadores precisarían del voto rural (aún por escrutar) para alcanzar la victoria. Por tanto, los titulares de ese día y siguientes en la prensa izquierdista, asegurando que ya contaban con 250 y luego 260 escaños, eran falsos. Al atardecer de ese día 17, los datos de las candidaturas que ya habían alcanzado ese 40% necesario, otorgaban 65 para las izquierdas y 51 para las derechas. Ninguna candidatura aún para Portela.

El Ministerio emitió unos datos “definitivos” la tarde del 17, concediendo 240 escaños para la izquierda y 221 para la derecha y el centro. Tales datos se filtran a la prensa aun cuando ni el recuento oficioso podía asegurarlos. La calle hierve, y un desbordado Portela le ofrece el gobierno a Largo Caballero en una entrevista para el olvido. Se repartían ya 461 escaños (todos menos doce), a pesar de que en la primera vuelta solo saldrían elegidos 453; e incluían datos de Coruña, Lugo, Pontevedra, donde a esas horas el escrutinio era bajísimo.

Para el día 18, los datos afianzados eran de 198 y 161; quedando aún 114 dudosos, pendientes del escrutinio definitivo del día 20. El resto de la jornada fueron llegando datos de circunscripciones rurales, haciendo subir a la CEDA hasta casi el empate; pero a esas alturas y con la calle tomada, la izquierda no admitiría más escrutinio que el que confirmara su victoria.

Martínez Barrio fue entonces a ver a Portela, y éste completamente demudado, le anunció que dimitía. Barrio hizo público el acuerdo de transmisión de poderes, y así, con más pena que gloria y sin esperar a lo que dijera el presidente de la República, se consumó el apaño. Por lo confesado por Barrio a Alcalá-Zamora, cuando Portela se fue, contaba la izquierda con 217 escaños, lo que coincide con los 216 que transmitió el embajador británico a Londres.

Como nota de color, abro un inciso para exponer los datos que ofrecen los autores sobre los recuentos de Gijón, mi ciudad natal, merced a la transcripción de los telegramas que el gobernador envió a Portela:  El 16 de febrero a las 18h., 147 votos la izquierda y 312 la derecha. A las 20h., 3863 y 4075 respectivamente. A las 22h., 14691 y 11876. El 17 de febrero a las cero horas, 18549 y 16657. A las 2h., 31562 y 31162. A las 6h., 81255 y 65547. A las 10h., 108000 y 92000 respectivamente. Y aún 124000 pendientes de escrutinio. Y esto en un tradicional feudo de la izquierda.

Se repitieron elecciones en decenas de mesas. En Zaragoza y Valencia el día 18. En Coruña el 19, se falsificaron las actas por parte de la izquierda, y algo similar sucedió en Pontevedra. También hubo problemas y repeticiones en Lugo, Málaga y Jaén. Y también se falsificaron actas en Cáceres con un recuento en manos de las nuevas autoridades, que dictaminaron un imprevisto triunfo de la izquierda. Lo mismo sucedió en Tenerife y en Las Palmas, donde la ventaja de los centristas en las mesas en las que se repetía la elección, se trocó en barrida izquierdista tras el inopinado cambio de autoridades. Similares vuelcos y manejos tuvieron lugar en Vizcaya, Córdoba, Alicante y Málaga.

En general, para el escrutinio oficial hubo presiones de todo tipo sobre las Juntas Electorales de muchas provincias, además del falseamiento indiscriminado de actas; logrando que Alcalá-Zamora pronunciara su célebre frase “casi toda España se ha vuelto Coruña” (pues en aquel feudo de Portela se iniciaron los primeros y más sonados manejos), lamentando también “estas póstumas y vergonzosas rectificaciones de algunos puestos”. En cualquier caso, el espectáculo de votos enmendados, actas sobrescritas o raspadas, sellos rotos, sobres abiertos, falta de representantes de la derecha en los recuentos o prohibición de su acceso, se volvieron moneda corriente; dotando al recuento de un triste sesgo bananero. En Valencia, por ejemplo, no hubo recuento: Con la sala tomada de izquierdistas, se proclamó que el recuento ya se había hecho de modo reservado (sic); pasando sin más a declararse como oficiales los resultados de la barrida izquierdista.

Con todo, y a pesar de los abusos y arbitrariedades, presiones, falsificaciones y pucherazos varios, las actas de la primera vuelta arrojan los siguientes datos: Izquierdas: 4.438.831 votos. Derechas: 5.141.368 votos; de los que 324.876 correspondían a los portelistas del gobierno centrista. Pero en escaños, debido a la ley que ya se ha comentado, las izquierdas obtuvieron 259, mientras que el conjunto de las derechas se quedó en 191. El modelo electoral (ya se ha dicho) primaba al partido más votado, sin importar lo exigua que fuera la diferencia en votos. Además la izquierda triunfaba en circunscripciones más pobladas, y ello por no entrar en cuáles candidaturas se presentaban (en función de previsiones; lo hicieron complicado los padres de la República) por la mayoría o por la minoría, pues en ello también había diferencias.

En la segunda vuelta (ya bajo el control total e ilegal del Frente Popular y con Azaña en la presidencia), se dieron por buenos los arbitrarios cambios en ayuntamientos, llegando a promover varios más, en los que se destituyó a más alcaldes y concejales electos, se cambiaron gestoras… llegando a implantar la censura en algunas provincias. Con estos mimbres y una derecha aterrorizada por las agresiones, las amenazas y las detenciones, se apuntaló el triunfo izquierdista, para fijarlo en 267 contra 206 escaños.

Llegó luego el turno de la Comisión de Actas, en las Cortes: 35 de 55 fueron protestadas, pasando a esperar pronunciamiento. Tales impugnaciones eran comunes y de parte, pues unas Cortes afines podían cambiar un escaño mejor que un juez o una Junta. Fue presidida por el mismo Martínez Barrio, pues no parecían sentirse llamados al disimulo. El “moderado” Prieto habló de mano dura para “evitar una magistratura reaccionaria”, “un funcionarismo fascista”, llamando a “reforzar la mayoría… anulando todas las elecciones manchadas de ilegalidad”, a fin de conseguir “esos trescientos diputados con que soñaba Gil Robles”. Como señalaría meses más tarde el mismo Azaña, “hemos recobrado la República y no volveremos a perderla”. Cumplieron sus preceptos, organizando una Comisión que arrollase a una derecha encogida, que era objeto de pitorreo cuando protestaba alguna irregularidad a lo largo de aquellas bochornosas sesiones. Alcalá-Zamora llegó a confesar a Giménez Fernández que la deserción de Portela había permitido que “el frente revolucionario se llevara indebidamente sesenta actas con los atropellos postelectorales”.

Durante marzo y abril, mientras se discernían tales actas, prosiguieron las destituciones arbitrarias en ayuntamientos conservadores, la admisión (con pago de haberes) de implicados en la revolución del 34, la depuración de empleados públicos derechistas. Y prosiguieron también los choques de izquierdistas con la fuerza pública o con falangistas (con invariable detención de los segundos), o los atentados a políticos en ejercicio, como en el caso de Largo Caballero, cuyo domicilio fue tiroteado por falangistas. Y se recrudecieron también huelgas y presiones para anular resultados electorales en provincias conservadoras (Albacete, Guadalajara, León, Granada, Palma de Mallorca, Toledo, Ávila, Segovia…), y el asalto y/o incendio de sedes derechistas.

La Comisión de Actas estaba formada por catorce izquierdistas y siete derechistas. Hubo en ella de todo; insultos, amenazas, puñetazos, arbitrariedades y una bochornosa carencia de argumentos jurídicos. Al punto que hubo un momento en que hasta Azaña habló de “anulaciones vengativas”; tal era el escándalo. El Socialista llegó a esgrimir que “atrincherarse en el argumento de que solo las pruebas documentales y terminantes pueden ser tenidas en cuenta, es jugar con ventaja” (sic), o que “la judicidad” era una coartada reaccionaria; argumento que acaso les suene. La derecha llegó a levantarse y abandonar. El mismo Prieto dimitió con la boca pequeña, mientras sus compañeros saludaban con chanzas y pañuelos blancos la retirada de los conservadores. No importó; la izquierda continuó como dueña absoluta de la Comisión, como si nada hubiera pasado. Gil Robles libró por los pelos de que le impugnaran Salamanca y con ello su propia acta. Alcalá-Zamora diría en sus memorias: “En la historia parlamentaria de España, no muy escrupulosa, no hay memoria de nada comparable a la Comisión de Actas de 1936”.

En total, la izquierda ganó a costa de la derecha veintitrés escaños más. Ampliaba así la mayoría, ya formada con los escandalosos recuentos acribillados de amaños y falsificaciones de actas, escamoteos, presiones e ilegalidades de todo tipo, especialmente en Coruña, Cáceres, Tenerife, Jaén, Valencia, Las Palmas, Málaga, Murcia y Pontevedra, que costaron a la derecha entre 36 y 40 escaños, de los que entre 29 y 33 fueron al Frente Popular. Ello habría resultado en un empate técnico en la primera vuelta, pendiente de la segunda que como vimos, se hizo ya bajo el gobierno izquierdista y en medio de una barahúnda de irregularidades. Y todo ello sin contar la Comisión de Actas.

Tardío y Villa huyen de pronunciamientos estereotipados. Centran las responsabilidades en la convocatoria electoral y su momento; los manejos de Alcalá-Zamora abortando la legislatura, impidiendo una reforma constitucional que modificara la ley electoral. También en la flojera genuflexa de Portela, y en un Azaña convertido en Kerensky. En definitiva, en una República disuelta como un azucarillo tras las precipitadas elecciones del febrero del 36; un vacío precursor de la larga primavera de violencia que explotó en una guerra entrado el verano.

Magnífico trabajo el de estos dos autores. Centra los antecedentes de un drama.